Correo de Lectores

Sr. Director Revista “Mi Barrio”
De Nuestra Mayor Consideración:

La Alameda recibió la denuncia de los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo porteña. Los delegados gremiales del área del Gobierno de la Ciudad venían denunciando los antecedentes penales de Lilia María Alonso. Aquí la foto de la funcionaria y la nota publicada al respecto.

SOCIEDAD › LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO REALIZA TAREAS COMUNITARIAS POR UN CASO DE ESTAFA
Una funcionaria macrista bajo probation
La denuncia fue realizada por delegados de ATE, la Fundación La Alameda y el diputado Parrilli. En 2008 la denunció un jubilado porque le pidió una suma por un trámite que nunca hizo. Reclaman su renuncia por razones de ética.

Por Carlos Rodríguez
El macrismo sigue acumulando cuestionamientos por la designación de funcionarios en áreas claves de su gobierno. Ahora es el turno de la subsecretaria de Trabajo de la administración porteña, Lilia María Alonso, a quien se cuestiona porque en estos momentos está cumpliendo tareas comunitarias que se le impusieron a través de una probation en una causa en la que está acusada de cometer una estafa. El hecho ocurrió en 2008, cuando Alonso se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y la víctima fue un jubilado que la denunció porque le había pedido una suma de dinero para hacer un trámite jubilatorio que nunca cumplió. El diputado porteño Marcelo Parrilli le confirmó a Página/12 que la semana próxima hará un planteo para que Alonso “presente su renuncia al cargo”, porque si bien su caso “no está comprendido en la ley 471”, que inhabilita el ingreso a la administración pública porteña de los que estén procesados o condenados por algún delito, “de todos modos, por una cuestión de ética, tal como lo marcan la Constitución nacional y la de la Ciudad para cualquier funcionario, ella debería renunciar al cargo”.
El caso de Alonso fue hecho público en primera instancia por un grupo de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y luego fue tomado por la Fundación La Alameda, que viene haciendo presentaciones contra el trabajo esclavo y la trata de personas, y por la Asociación Civil Que no se Repita, que nuclea a un grupo de padres de las víctimas de Cromañón. Las dos entidades le vienen reclamando a Mauricio Macri que ponga fin “al estado de corrupción generalizada y de descontrol que afecta todas las áreas de control comunal y de policía del trabajo”.
La denuncia contra Alonso fue presentada en 2008 por Juan Andrés Lemus, con el patrocinio del abogado Humberto Fernando Magallanes. La acusaron de cometer una estafa, dado que le había solicitado una suma de dinero para realizar un trámite jubilatorio que nunca llevó a cabo. El 2 de julio de 2009, cuando la causa llegaba a la instancia del juicio oral, por acuerdo entre el fiscal general Pedro Narvaiz, y la defensa particular de Alonso, a cargo de Ana María García, se tomó la decisión de suspender el proceso.
La medida concreta fue “la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años”, pero le impusieron a Alonso dos condicionamientos: “a) fijar residencia y someterse al Patronato de Liberados; b) realizar durante el lapso de dos años ciento noventa y dos horas de trabajos comunitarios no remunerado a favor de la Fundación a cargo de las Casas del Niño y Jardines Maternales de los barrios Pinazo y Falcón de la Municipalidad de Pilar”. El querellante Lemus apeló esa decisión del Tribunal Oral 20 de la Capital Federal y presentó un recurso de Casación.
El 7 de junio de 2010, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, rechazó el planteo del querellante y confirmó la suspensión del juicio. Lemus había planteado que el fallo del Tribunal Oral 20 no podía ser considerado “un acto jurisdiccional válido” porque del expediente surgía “palmariamente que la imputada es funcionaria pública en el Ministerio de Trabajo” nacional en ese entonces, y que en su opinión el hecho delictivo había sido cometido “en el desempeño de sus funciones”.
La representación letrada de Lemus citó el artículo 76 del Código Penal, que señala que “no procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, hubiera participado en un delito”. Casación refutó esa postura y dijo que en el caso de marras “no se le imputan a la nombrada (por Alonso) delitos contra la administración pública, sino el delito de estafa contra un particular”. En ese marco, lo realizado por la imputada “se relaciona con su obrar como profesional particular”, dado que había tomado contacto con Lemus como abogada particular y no como funcionaria.
Explicaron los jueces que Alonso representó a Lemus en un juicio que éste le inició a la empresa en la que había trabajado “en el marco de un problema previsional” y que luego “lo derivó a su estudio jurídico particular a los efectos de conseguirle una jubilación superior a la que le correspondía, a cambio de una suma en efectivo” de 10.046 pesos. Casación dijo que las constancias del caso confirman que Alonso “no se encontraba al momento de su actuación ejerciendo efectivamente la función pública”, motivo por el cual “no existe una razón válida para excluirla del régimen legal de la suspensión” del juicio oral. El tribunal confirmó también la indemnización que tuvo que pagar Alonso, en la suma de 16 mil pesos, pagaderos en cuatro cuotas iguales.
El legislador porteño Marcelo Parrilli, del MST incorporado al Movimiento Proyecto Sur, sostuvo ante una consulta de este diario que “si bien no hubo una condena, hay que considerar que la probation es una medida a la que se allanan las defensas de los imputados cuando están seguros de perder el juicio oral”. Por esa razón consideró que Alonso “tiene que presentar su renuncia, porque aunque no haya una norma legal que la obligue, tiene una obligación moral y ética de renunciar, porque así
lo marcan la Constitución nacional y la Constitución de la Ciudad”. El diputado sostuvo que “no fue un caso menor, es una estafa a un jubilado, es un caso feo, y ella tiene la obligación de renunciar”.
La misma postura es la que sostienen La Alameda y la Asociación Civil Que no se Repita, que en el mes de septiembre del año pasado, en una carta dirigida a Mauricio Macri, solicitaron la renuncia de otros funcionarios que están en el área de Trabajo de la Ciudad.
Las entidades denunciaron que en la ciudad funcionan “600 geriátricos en situación irregular” y “300 talleres clandestinos”. Entre otras irregularidades señalaron que en 15 meses se produjeron “siete derrumbes con tres muertos y veinte heridos”, además de otras dos muertes y 33 lesiones provocadas por la caída de un entrepiso en el boliche Beara. Después de ese hecho se produjo la asunción del cargo por parte de Alonso, quien reemplazó a Miguel Angel Virgilis.

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