Alejandro Amor: “La definición de tarifa social debe ampliarse”
Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en los últimos meses impactan directo en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Claramente, en algunos mucho más que en otros. Los sectores en situación de vulnerabilidad son los más afectados, y las estadísticas y la realidad relatan que cada vez son más los que se encuentran en esa condición.
Hay miles de personas que se encuentran en condiciones más desfavorables que las previstas en la actual definición de “tarifa social” de luz, gas, agua y transporte que hizo el Gobierno Nacional, y si bien a pedido de la Defensoría se ha logrado incluir muchos casos al beneficio, aun quedan situaciones por contemplar que no son reconocidas por las disposiciones vigentes.
La definición de tarifa social debe ampliarse. Hay que abrir la discusión sobre su definición y extender su alcance de forma urgente.
El aumento en el transporte es otra medida de impacto directo e inmediato en el bolsillo de las personas. Por eso, presentamos una propuesta de tarifa integrada que establezca ahorros y reducciones proporcionales para quien utiliza más de un medio de transporte (colectivo, tren o subte).
Esta medida fue tomada por la Ciudad de Buenos Aires en su sistema de reducción de costo en los pases del subte. Además, muchas ciudades del mundo implementan el sistema de tarifa integrada. Porque hay algo que es claro: el transporte no solo es un servicio público básico, sino también un derecho, y siempre se subsidia.
Hay que dirigir el subsidio a los usuarios con tarifa integrada y realizar descuentos por viajes múltiples.
El alza de precios no se resuelve con el control, pero tampoco con el mercado cartelizado que determina precios indiscriminadamente, como es el caso de la leche y las tarjetas de crédito, por nombrar solo dos ejemplos.
La concentración cartelizada debe ser combatida por el Estado, y el alza injustificada de toda la cadena de comercialización debe abordarse con precios que se acuerden como referencia en conjunto con las organizaciones de consumidores.
A los abusos y a la falta de responsabilidad social empresaria y comercial hay que responderles con todas las herramientas con las que contamos: los medios de comunicación, las redes sociales y la organización de boicot de compras dirigido con nombre y apellido a los inescrupulosos. También deben multiplicarse las ferias que tengan precios más bajos acordados con el Estado, quien debe brindarle beneficios de exenciones impositivas o rebajas.
Al abuso anónimo, respuesta contundente identificando al responsable.
En materia social, el Gobierno Nacional ha planteado ampliar la Asignación Universal por Hijo a un millón de personas más. UNICEF Argentina entiende que aun así no se alcanzaría la universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social infantil. Esta medida no puede demorarse.
No hay peor grieta que la que se construye con la desocupación, y esa desigualdad solo se cierra con trabajo.
Hay personas que se han quedado sin empleo en el sector público, pero también en el sector privado.
Nadie puede defender a un “ñoqui”, a quien cobra y no trabaja, porque constituye una afrenta a quien sí lo hace y cumple con sus obligaciones.
Pero tampoco se puede permitir que quien trabaja, sea del sector público o privado, se quede sin empleo para que cierren las cuentas fiscales en el caso del Estado, o las cuentas de los balances en el sector privado.
No es posible resolver la situación de desempleo a través de planes sociales, que pueden servir de manera circunstancial pero jamás como herramienta permanente. La ayuda social sin trabajo primero ayuda; pero después aísla, degrada a quien queda sometido a la ayuda y no lo integra socialmente.
La única herramienta que integra socialmente y ratifica la condición humana es el trabajo digno.
Gobernar es crear trabajo. El trabajo lo debemos proteger y promover entre todos: gobierno, legisladores, empresarios y sindicatos.
Las paritarias son el ámbito natural de defensa de la fuente de trabajo y del poder adquisitivo de los trabajadores. Se va a dar la discusión sobre la cuarta categoría, pero no hay que olvidarse que ese impuesto al trabajo alcanza a una parte de los trabajadores, a los que más ganan.
En cambio, las tarifas y el alza de precios fueron sobre todos los trabajadores, en blanco o en negro, sobre pensionados y jubilados, y sobre los desocupados.
La discusión debe ser integral: resguardo del trabajo frente a los despidos y a las suspensiones; defensa de la capacidad adquisitiva como patrimonio de las personas, sinceramiento salarial y protección de quienes no están sindicalizados; denuncia a los aumentos abusivos y medidas concretas contra el mercado cartelizado, conciencia social en la aplicación de subsidios y la determinación de los alcances de los beneficios para usuarios de servicios elementales como la luz, el gas, el agua, las telecomunicaciones y el transporte.
Si las cuentas sociales no cierran, las cuentas del Estado y de los privados tampoco. Los derechos se defienden.
Luis Alberto Serres
Cantidad de Caracteres 5099