La inmobiliaria que difama vecinos y vecinas
Por Jonatan Baldiviezo*
El día de ayer amanecimos con una clara demostración de la impunidad con la que se manejan las desarrolladoras inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires.
En dichos carteles se listan las “personas que se oponen a la continuidad de la obra” con nombre y apellido y domicilio personal. ¿A qué obra se hace referencia? A un emprendimiento que ocupa media manzana alrededor de la Villa Roccatagliata con una torre de 27 pisos de altura.
Además expresan que: “Estos son los vecinos que se oponen a la terminación de esta obra (…) Son los responsables del estado actual de abandono de la zona. Somos 270 compradores de departamentos, muchos de nosotros vecinos del barrio, perjudicados por la acción de unos pocos opositores a todo, con el apoyo del inefable ex legislador Gustavo Vera. Perjucio para todos; propietarios, vecinos y CABA. Reaccionemos ya o será muy tarde!!! Compradores autoconvocados hartos de demoras.
Los jueces de la CABA Oteguy, Seijas, Centanaro y Zuleta no le conceden al Gobierno el recurso extraordinario. Tienen cajoneado el expediente desde octubre de 2017 pues están en guerra con el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. El procurador de la CABA tiene que presentar el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la CABA ya mismo. Basta de demoras. Basta de justicia politizada. Rechacen ya la cautelar y el fallo que impide la continuación de la obra”. Firman “Compradores autoconvocados hartos de demoras”.
Con afirmaciones cínicas y mentirosas se ha avanzado con el escrache individualizado y difamación de ciudadanos que luchan por su Derecho a la Ciudad y un mejor ambiente urbano. Este escrache público constituye sin lugar a dudas una intimidación y un hostigamiento amenazante por parte del poder inmobiliario hacia vecinos que tuvieron el coraje de enfrentarse a un proyecto que simboliza el paradigma de la especulación inmobiliaria con connivencia estatal. Los autores de este escrache quieren generar miedo, intimidan, para lograr que su gran negocio inmobiliario continúe. ¿Qué otra razón, que no fuera la de generar temor y miedo, tendría exponer a ciudadanos con sus domicilios personales como opositores irracionales que causan perjuicio a toda la sociedad?
Esta intimidación la firman “Compradores autoconvocados hartos de la demora”. Pero no cabe dudas que detrás de esta firma difusa se encuentra Palacio Roccatagliata S.A., propietaria del predio y desarrolladora del proyecto, que cómo mínimo ha autorizado la instalación de estos carteles en el inmueble de su propiedad. La ética del dinero, la obtención de alta rentabilidad por especulación, ha llevado a esta desarrolladora inmobiliaria a sobrepasar los límites legales y los morales de convivencia democrática. Por otra parte, existen “otros compradores autoconvocados” que decidieron demandar judicialmente al GCBA y a la desarrolladora inmobiliaria por su mala defensa judicial y por vender Unidades Funcionales fundadas en un proyecto que viola el Código de Planeamiento de la Ciudad. También otros compradores se acercaron a dialogar con los abogados de la parte actora manifestando su convencimiento de que el permiso de obra claramente no respeta la planificación de la ciudad y la gravedad de la connivencia del GCBA.
Se acusa a estos vecinos de ser los “responsables del estado de abandono”. Una afirmación sin asidero alguno. La Poder Judicial de la Ciudad ha dictado hasta el momento cinco (5) sentencias que reconocieron que el permiso de obra otorgado a Palacio Roccatagliata S.A. viola cada uno de los parámetros urbanísticos que establece el Código de Planeamiento Urbano (CPU) para dicha parcela: supera los m2 permitidos, sobrepasa la altura de la zona y ocupa de forma ilegal el pulmón de manzana. Claramente la responsabilidad la tiene el GCBA por haber registrado dichos planos.
También son responsables los que presentaron el proyecto que no pueden desconocer lo que establece la ley, más cuando no se trata sólo de una violación superficial sino de desconocer prácticamente la existencia del CPU.
El 16 de marzo, los jueces de la Sala III rechazaron el recurso de inconstitucionalidad planteado por el GCBA tanto en la sentencia de fondo como en el incidente de medida cautelar. El GCBA presentó recurso (de queja) por la sentencia de fondo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pero no presentó ningún otro recurso por la medida cautelar que entonces quedó firme. Los abogados del GCBA, los procuradores, se mostraron más diligentes que los abogados de Palacio Roccatagliata S.A. Estos dejaron caducar el recurso en cámara en relación a la medida cautelar y también por falencias procesales no se les tuvo por presentado el recurso de inconstitucionalidad en relación a la sentencia de fondo. Si no fuere por el GCBA, Palacio Roccataglita S.A. habría perdido definitivamente el juicio. Así que también son responsables los propios abogados de Palacio Roccatagliata S.A.
Los proyectistas también son responsables. En la audiencia testimonial, una de las arquitectas socio fundadoras del estudio Aisenson, encargado del proyecto de obra, mostró un desconocimiento absoluto de las instituciones principales del CPU, por ejemplo, no pudo distinguir entre “Completamiento de Tejido”, “Compensación volumétrica” y “Transferencia de Capacidad Constructiva”. También reconoció judicialmente que la elaboración del proyecto es un “proceso de ida y vuelta” con el GCBA, “el resultado es fruto de normativas conversadas con la municipalidad” y que “acata sus decisiones”. Connivencia reconocida por los que están en la cocina inmobiliaria.
En reiteradas oportunidades se aconsejó a los representantes de Palacio Roccatagliata que se dirijan a la Legislatura para discutir en dicho ámbito su proyecto porque la resolución de un conflicto judicial llevaría años y que además lo estaban perdiendo. Rechazaron esta posibilidad porque no querían resignar ningún m2 a construir o tener la obligación quizás de otorgar compensaciones a la ciudad. La avaricia dirige sus acciones hasta el punto de insistir si esto se podría “arreglar de otra forma”.
El abandono de la obra, que generó un principio de incendio hace más de un mes, es otra estrategia para presionar con la continuidad de la obra.
Palacio Roccatagliata hasta el día de hoy era uno de los mejores ejemplos de cómo la especulación inmobiliaria con connivencia de funcionarios del gobierno sobreexplotan la capacidad constructiva de un predio ilegalmente para obtener una mayor rentabilidad sin considerar las consecuencias sociales o ambientales, o sin que les importe la protección del patrimonio o la identidad barrial. Pero ha superado sus límites, también es ahora el paradigma de la violencia e intimidación del poder inmobiliario en la ciudad ejercido contra ciudadanos que soslayan sus intereses individuales para proteger bienes colectivos y para proteger el planeamiento de la ciudad, que es nuestro bien común.
Hasta el momento el GCBA se ha puesto del lado de la desarrolladora inmobiliaria en la causa judicial. Esperamos que luego de esta acción de intimidación ponga en acción a sus distintos organismos para que defiendan los derechos de los vecinos.
¿Quiénes son los responsables entonces? ¿Quiénes son los que buscan altas ganancias a costa de toda sociedad? ¿Quiénes son los que abandonan las obras cuando se detecta que son ilegales? ¿Quiénes son los que siguen buscando “otras” salidas inmorales e ilegales para continuar con sus proyecto? ¿Quiénes son los victimarios, los que generan temor y miedo? Finalmente, ¿Quiénes son los que defienden derechos colectivos y quiénes sólo su rentabilidad?
* Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Fundador de la Asociación por la Justicia Ambiental. Integrante del MPLD. Abogado de Derechos Humanos, Ambientalista y Urbano
Cantidad de Caracteres 7860