Spencer, la oposición y la democratización de la Justicia
Por Germán Herrera*
Al escuchar determinados argumentos de la oposición, a propósito de los proyectos de reforma del Poder Judicial que se debaten en el Congreso de la Nación por estos días, se puede establecer una relación de dichos argumentos con viejas disputas que remiten a los orígenes sociológicos.
Saint-Simon es considerado uno de los impulsores de este campo específico de conocimiento y quien desarrolló la rama positivista de esta disciplina. Positivista en el sentido de estudiar “científicamente” a la sociedad, es decir, adaptando los mismos métodos que utilizaban otras ciencias dirigidas al conocimiento de la realidad físico-natural, que se encontraban en auge en el siglo XIX (métodos como la observación, la comparación, la clasificación y la experimentación), identificando al cuerpo social como un objeto de estudio similar a un organismo natural, pudiendo analizar, como lo hacen las ciencias naturales, tanto cada una de sus partes y sus interrelaciones (anotomía) como su funcionamiento general (fisiología). Pero positivista también en el sentido spenceriano del término -que es el enfoque en el cual haremos eje cuando hablemos de la actitud que la oposición ha tomado respecto del debate mencionado- que es una expresión más extrema y más conservadora que la que proponía Saint Simon y otros tantos positivistas y posteriores funcionalistas.
Para Spencer la sociedad es algo enteramente natural y tratar de cambiarla es como modificar un árbol, un animal o cualquier otro elemento de la naturaleza. El orden social establecido es algo dado y por lo tanto son inútiles los cuestionamientos que se hagan al respecto y reprobables los intentos por modificar aspectos de la sociedad o el conjunto de aspectos que la constituyen y hacen de ella lo que es.
No fue casual que la manera en que Spencer interpretó la obra de Charles Darwin lo llevó a elaborar un enfoque que se dio a conocer como socialdarwinismo o sociobiología, la cual sostenía que ciertas sociedades o ciertos sectores sociales son naturalmente superiores a otros. Por lo tanto, para este autor, determinados sectores sociales conducen y se imponen naturalmente al resto del conjunto social, sin necesidad de legitimación democrática y popular.
Luego, por supuesto, aún con sus defectos y limitaciones como cualquier construcción teórica, se elaboraron teorías sociológicas críticas de las desigualdades predominantes y de los sistemas teóricos que justifican y legitiman dichas desigualdades.
A esta altura el lector se pregunta cuál es la relación del contenido de la nota con su inicio, es decir, la discusión actual en torno a la reforma del Poder Judicial en la Argentina de hoy. Y por supuesto la tesis de esta nota sostiene que dicha relación es concreta y palpable.
La relación radica en que los argumentos opositores en torno a esta discusión sostienen un enfoque spenceriano de la sociedad, porque el Poder Judicial, en dichos argumentos, aparece como un poder divino, incuestionable, oscuro e inaccesible para las grandes mayorías, para los invisibilizados de la historia, para los sectores populares, y no como una institución compuesta por personas, con valores e ideologías diversas y concretas, con contradicciones y errores propios de una institución de tales características, es decir, como un poder político como los otros que conforman la República. En el momento en que la oposición, la corporación mediática, la corporación judicial y parte de la sociedad considera que la discusión por tener un Poder Judicial más transparente y cercano a los intereses de las grandes mayorías, se torna un ataque a la “independencia” de ese poder, a la República en su conjunto, y que solamente están en condiciones de dar dicha discusión determinadas elites que tienen el conocimiento adecuado para hacerlo y para conducir ese poder, esto deja al desnudo un contenido ideológico que legitima y justifica la falta de acceso a la justicia por parte de los sectores populares.
Porque más allá de que los proyectos siempre son perfectibles, el argumento de la oposición, aún en sus variantes progresistas, consiste en que dichos proyectos constituyen una afrenta a lo que siempre fue la República para ellos, aquella República conducida por las minorías liberales y elitistas y que cree que el conjunto social solo puede ser conducido por los que naturalmente están en condiciones de hacerlo.
¿Porqué quién podría estar en contra del voto popular en la elección de los funcionarios que componen el Consejo de la Magistratura, quién podría estar en contra de establecer reglas claras que den transparencia al ingreso de los funcionarios judiciales, quién podría estar en contra de la publicación de declaraciones patrimoniales de los jueces? Solo alguien que sostenga una visión spenceriana de la sociedad. Solo alguien que justifique y legitime las desigualdades y las injusticias de siempre.
Más allá de las simpatías o diferencias que se puedan tener con determinado Gobierno, lo que está en juego es la disputa por la construcción de una sociedad que responda a los intereses de las grandes mayorías, respetando la diversidad y la pluralidad de los diferentes intereses en pugna y resolviendo los mismos de una manera democrática. En ese marco todas las diferencias son aceptadas y, sobre todo, son legítimas. Pero lo que debe ser intolerable para toda sociedad democrática es la imposición de un estado de cosas que sea producto de decisiones tomadas por poderes fácticos que siguen ocupando lugares de privilegio, a los cuales llegaron simplemente por ser poseedores de un capital social, cultural o económico del cual han gozado históricamente. Las reformas propuestas ponen en cuestión eso y es democráticamente saludable que así sea.
*Miembro de la Agrupación Estudiantes Por una Alternativa en Derecho (EPA Derecho). La agrupación participa del Espacio Justicia Legítima
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